Las obligaciones federales de la NOM-002-STPS-2010 aplican igual en todo el país. Lo que cambia de un estado a otro es el carril de protección civil: quién autoriza tu Programa Interno, cuánto dura, cuántos simulacros te exigen y si necesitas un consultor con registro. Esto es lo que aplica en Sonora.
Tiene un régimen paralelo único en el país derivado de la tragedia de la Guardería ABC: la Ley 5 de Junio prohíbe totalmente las instalaciones de gas en estancias infantiles y exige detección, alarma, rociadores, salidas de emergencia, simulacro cada dos meses con padres como testigos y 100 metros mínimos de distancia respecto de establecimientos de riesgo. En 2026 el Congreso rechazó flexibilizarla.
Cubre el marco estatal y, además, el trámite de 9 municipios documentado en fuente oficial: qué se presenta, ante quién, cuánto cuesta, cuánto dura y qué pide de más cada uno. Es la parte que decide el calendario y el presupuesto, y la que casi nadie publica. Última revisión: 20 de agosto de 2026.
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora
Ley Núm. 282, Boletín Oficial 11 de junio de 2018 · dos reformas: Decreto 26 del BO 13 de junio de 2019, que tocó el artículo 15 y adicionó el 65 BIS, y Decreto 168 del BO 24 de diciembre de 2020, que adicionó el transitorio vigésimo primero. Al día de hoy lleva más de cinco años sin reformarse. Su Reglamento es del BO 1 de junio de 2020, sin reformas localizadas. Ojo con la trampa documental: el propio portal de protección civil publica dos PDF distintos y el rotulado con la fecha de 2018 es el texto original de 47 páginas, sin las reformas; el consolidado correcto tiene 59 páginasConcurrente, y sin deslinde publicado. El artículo 24 fracción XVIII faculta a la Coordinación Estatal a dictaminar y autorizar los programas internos previo pago de derechos, pero el artículo 8 fracción XVII da a los ayuntamientos exactamente la misma facultad, con las mismas palabras, acotada solo por la frase «en el ámbito de su competencia», que la ley nunca define por giro. Además el artículo 65 BIS, incorporado en 2019, obliga a dar a conocer el programa al ayuntamiento que lo solicite y faculta a los municipios a revisar y verificar su veracidad. El resultado es doble ventanilla estructural: siete de los ocho municipios industriales revisados cobran su propio trámite además del estatal.
Revalidación anual con ventana fija. El artículo 65 de la ley obliga a presentar el programa para dictamen y aprobación y a revalidarlo cada año, y no hacerlo es infracción expresa del artículo 93 fracción VIII. El Reglamento pone el calendario: la vigencia corre por año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre, y las revalidaciones se presentan ante la Coordinación Estatal durante enero y febrero del año siguiente; las instituciones educativas tienen hasta 60 días naturales después de iniciado el ciclo escolar. Si dejas vencer la vigencia sin revalidar, no hay refrendo: hay que volver a presentar el programa completo
Dos al año, uno cada seis meses, más una obligación de reporte que casi nadie cumple. El artículo 67 fracción II fija la frecuencia, y el mismo artículo obliga a dar aviso inmediato a la autoridad de las deficiencias, irregularidades, fallas u omisiones que se detecten con motivo del simulacro; omitir ese aviso es una infracción aparte. En instituciones de educación básica y media superior son tres al año, bajo condiciones que repliquen la operación ordinaria y con supervisión de la autoridad. Dato para no citar de más: la ley de 2018 quitó a las estancias y guarderías de ese párrafo, así que atribuirles tres simulacros hoy es citar norma derogada
Municipal. Los ayuntamientos tienen a su cargo la prestación del servicio de bomberos, directamente, mediante organismos descentralizados o a través de grupos de los sectores social y privado (art. 48). No se localizó ley estatal de bomberos separada.
No de forma absoluta, pero está condicionado. Las empresas especializadas deben registrarse ante la Coordinación Estatal y acreditar certificaciones de instituciones educativas reconocidas (art. 72). La salida está en el artículo 24 fracción XXVI: si no existen especialistas registrados en el estado, la propia Coordinación puede elaborar el programa
Las cifras de cada tarjeta ya combinan las dos autoridades: el mínimo de simulacros es el más exigente entre lo que pide la NOM-002 según el riesgo del giro y lo que exige Sonora. Entra a la guía de tu giro para el detalle de equipo, evacuación y expediente.
La grasa ardiendo no se apaga con polvo
Huéspedes dormidos que no conocen la ruta
Dos clasificaciones de riesgo, no una
La carga de fuego sube con cada tarima
El paciente no evacúa por su propio pie
Dos regímenes distintos bajo el mismo techo escolar
Aforo masivo con salidas que se obstruyen
Riesgo alto siempre, con ignición por estática
Una oficina en piso dos ya requiere rociadores
Cualquier cantidad de pirofórico ya es riesgo alto
La clasificación de riesgo de cada tarjeta es la típica del giro conforme a la Tabla A.1 de la NOM-002-STPS-2010. Tu caso concreto se determina con tu superficie construida y tus inventarios reales: un restaurante de más de 3,000 m² es riesgo alto aunque el giro suela ser ordinario.
En 2 de los 10 giros el piso de simulacros que fija Sonora supera al de la NOM-002. Ahí el número que manda es el estatal: restaurantes, oficinas.
Todo lo anterior es el marco estatal. El trámite que realmente presentas, lo que cuesta, cada cuánto se renueva y qué te piden de más lo fija el reglamento municipal, y dentro de Sonora las diferencias son grandes. Esto es lo que pudimos documentar en fuente oficial de cada municipio.
Sonora tiene doble ventanilla, y no es abuso municipal: es un defecto de diseño de la propia ley. El artículo 24 fracción XVIII faculta a la Coordinación Estatal a dictaminar y autorizar los programas internos previo pago de derechos, y el artículo 8 fracción XVII da a los ayuntamientos la misma facultad con las mismas palabras, acotada solo por «en el ámbito de su competencia», una frase que la ley nunca define por giro. Ninguna de las ocho leyes de ingresos revisadas ni los dos reglamentos municipales disponibles publican una tabla de deslinde, y no se localizó convenio de coordinación publicado. El escenario realista para una empresa industrial es registrar el programa ante el estado y pagar además el trámite municipal: dos expedientes, dos pagos, dos vigencias anuales y dos inspecciones. Lo que el municipio sí puede cobrar sin discusión es el servicio de bomberos, que el artículo 48 le atribuye de forma expresa, y los actos de inspección del artículo 8 fracción XI. Sobre el presupuesto, lo que decide la cifra no es la tasa sino la base de cobro. Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado y Navojoa cobran tarifa plana o con tope, y ahí el trámite cuesta entre 10,000 y 18,000 pesos sin importar si la planta tiene 1,500 o 50,000 metros. Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y Caborca cobran por metro cuadrado sin tope, y ahí cada metro adicional de nave es costo recurrente anual. Para una nave de 5,000 metros de riesgo alto la diferencia va de unos 15,000 pesos en Cajeme a más de medio millón en Caborca. Es una variable de decisión de localización industrial que no aparece en ningún comparativo de incentivos estatales. Un último apunte de calendario: cinco de los ocho municipios no publican plazo de resolución, así que solo en Hermosillo y Nogales, ambos con treinta días hábiles y afirmativa ficta, puedes comprometer una fecha con base en información oficial.
Lo que pide de másCitar la cifra que aparece en la Ley de Hacienda es un error de cerca del 50 por ciento a la baja. El comprobante de pago es requisito de admisión, así que sin él no corre el plazo. Y no se paga una sola vez: la revalidación anual tiene su propia cuota, y cada tercer año hay que volver a presentar el expediente completo.
Ver la fuente oficialLo que pide de másAquí el programa interno es requisito del uso de suelo, no del final del trámite: el art. 244 del reglamento obliga a presentarlo para emitir el Dictamen de Seguridad, y ese dictamen condiciona el uso de suelo, que a su vez condiciona la licencia de funcionamiento. Hay que empezar por protección civil. El segundo dato es de contingencia: el art. 122 fr. II inciso d) permite al municipio facturarte la reposición del costo del combate de un incendio, a razón de 100 UMA por cada unidad de emergencia adicional a la primera. Y una alerta que conviene tener presente: el reglamento municipal sigue fundándose en la Ley 161 estatal, derogada desde 2018.
Ver la fuente oficialLo que pide de másDos cosas que hay que saber antes de presupuestar. La primera es de calendario y es el dato más accionable del estado: como la revalidación vence el último día de febrero y la solicitud se presenta con al menos dos meses de anticipación, el plazo real vence el 31 de diciembre. Es el único municipio con fecha dura; en todos los demás el aniversario es móvil. La segunda es una anomalía del texto publicado: la fracción VII cobra exactamente diez veces la fracción III por el mismo tipo de acto y la misma escala de riesgo, lo que parece un punto decimal mal colocado, pero está publicado y es la norma vigente. Conviene pedir a tesorería por escrito el criterio de aplicación antes de pagar. Su reglamento también sigue invocando la Ley 161 derogada.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el municipio más barato del estado para una planta grande, y por una razón estructural: la tarifa no escala con la superficie. Una nave de 20,000 m² paga lo mismo que una de 500. Dos detalles del tarifario que conviene mirar. El primero es que el municipio ofrece elaborarte el programa interno por 194.69 UMA, es decir, redactar el documento que él mismo va a dictaminar; si ya traes el tuyo hecho por un tercero registrado no debes pagar ese concepto. El segundo es que cobra por asistir a la evaluación de tus simulacros, y bomberos cobra aparte el simulacro de evacuación: acabas pagando a dos dependencias por el mismo ejercicio.
Ver la fuente oficialLo que pide de másTiene la laguna tarifaria más grande del estado: la tabla se detiene en 1,500 m² y una nave de 5,000 o 20,000 m² simplemente no tiene tarifa publicada. Como un derecho no previsto en la ley de ingresos no puede cobrarse, en la práctica esto se resuelve de tres formas y ninguna es limpia: aplicarte el tramo tope, recategorizarte a otro inciso o cobrarte por analogía. Para un inmueble industrial conviene pedir el fundamento por escrito antes de pagar. Es además el único de los ocho que fusiona protección civil y bomberos en una sola tarifa, y exige que el prestador que te elabore el programa esté registrado y revalide localmente.
Ver la fuente oficialLo que pide de másTrae la cláusula más cara del estado y es fácil pasarla por alto: si no hiciste el trámite en años anteriores, para obtener el nuevo tienes que cubrir el pago de todos los pendientes. Una planta que operó cinco años sin certificado no paga una anualidad al regularizarse, paga las cinco, y como el certificado se ata al inmueble ese pasivo se transmite de hecho al comprador en una operación de compraventa industrial. Segundo aviso: los costos se duplican si llegas a protección civil cuando ya estás en regularización de licencia ante desarrollo urbano, lo que es un incentivo económico explícito a ir primero aquí.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el modelo más limpio del estado y vale la pena entender por qué: Navojoa no cobra por autorizar un programa interno, cobra por revisarlo dentro de un servicio de bomberos, que es competencia municipal indiscutible por el art. 48 de la ley estatal. De hecho remite sus multas directamente al art. 94 de la ley estatal, no a un reglamento propio. La trampa está en la palabra estructura, que la ley no define: una planta con nave, subestación, almacén de químicos y caseta puede recibir un cobro por cada una. Conviene acordar por escrito el criterio de conteo antes de pagar.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEl dato aquí es lo que no cobra. Es el municipio más simple de los ocho: el mínimo más bajo del estado, sin tarifa de bomberos, sin cobro por simulacros, sin retroactividad y sin fecha fija de calendario. Para maquila fronteriza resulta mucho más ligero que Nogales, siendo ambos municipios de frontera con el mismo perfil industrial. El cuerpo de bomberos opera como patronato de la sociedad civil, figura que el art. 48 de la ley estatal autoriza expresamente; si ese patronato cobrara cuotas, estaría cobrando fuera de la ley de ingresos.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs, por un margen enorme, el municipio más caro del estado, y por dos razones que se suman. La primera es que la base gravable no es la construcción sino la construcción más el espacio operativo: patios, estacionamientos y áreas de maniobra cuentan a 13 pesos el metro. La segunda es que seis conceptos distintos comparten la misma tarifa. Una nave de riesgo alto con dos hectáreas de construcción y patios paga unos 260,000 pesos por un solo concepto, contra unos 7,600 en Cajeme por el mismo acto. Único consuelo: al estar en pesos nominales y no en UMA, la tarifa se erosiona con la inflación en vez de actualizarse sola, aunque eso también significa que una reforma puede duplicarla de golpe.
Ver la fuente oficialLos reglamentos municipales se reforman sin aviso y varios no publican tarifa. Confirma el costo y la vigencia en la ventanilla del municipio donde esté el inmueble antes de presupuestar: lo de aquí sirve para saber qué preguntar, no para dar por hecho.
Estas son las sanciones del carril estatal de protección civil. Corren en paralelo a las de la Secretaría del Trabajo por incumplir la NOM-002-STPS-2010, que son federales y se acumulan: una inspección no excluye a la otra.
Calculado con la UMA vigente de $117.31 diarios (INEGI, comunicado de prensa 1/26, vigente desde el 1 de febrero de 2026). Además de la multa, la autoridad puede imponer:
El techo de 30,000 UMA es de los más altos del país, pero la reincidencia no lo rebasa: el artículo 95 duplica la multa anterior «sin que las mismas excedan el monto máximo permitido». Y hay dos ausencias que conviene conocer porque el mercado las cita de más: la palabra arresto no aparece ni una vez en la ley, y clausura solo aparece en la exposición de motivos, no en el articulado. Lo que sí existe es la suspensión de actividades. Quien anuncie clausura o arresto de 36 horas bajo esta ley está citando un reglamento municipal de establecimientos mercantiles o inventando. Ojo también con la definición de reincidencia del artículo 94: exige que las sanciones anteriores se hayan notificado, así que sin notificación previa no hay agravante.
Fundamento. Ley Núm. 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, artículo 93, último párrafo. La ley nació en 2018 ya redactada en UMA: la palabra salario no aparece en su articulado, así que aquí no hay conversión que hacer ni transitorio de desindexación que buscar. Sancionan la Coordinación Estatal y los ayuntamientos, cada uno en su ámbito.
Los requisitos de arriba se traducen en compras concretas. Estos son los renglones que en Sonora salen de una exigencia local y no solo del mínimo federal, con el fundamento de cada uno. Antes de cotizar conviene tener hecha la clasificación de riesgo de incendio: de ella dependen las cantidades.
En Sonora la póliza de mantenimiento de extintores no es opcional ni implícita: el artículo 22 fracción VIII del reglamento la lista expresamente entre los entregables de la revalidación anual, junto con el programa de mantenimiento y la acreditación de simulacros. Sin ella la revalidación no procede, y no tenerla te deja en el supuesto del artículo 93 fracción VIII, con un techo sancionador de 30,000 UMA.
Ver extintores y extinciónEl artículo 67 fracción II pide un simulacro cada seis meses, pero la obligación no termina ahí: el mismo artículo exige dar aviso inmediato a la autoridad de las deficiencias, fallas u omisiones detectadas, y el artículo 93 fracción IX sanciona por separado no simular y no avisar. Un simulacro sin acta y sin el aviso posterior cuenta como dos infracciones, no como una.
Ver EPP para bomberosEs de lo primero que se verifica en la inspección y de lo más barato de corregir antes de que llegue el inspector. Incumplir las medidas y acciones derivadas del programa interno está tipificado en el artículo 93 fracción III, dentro del mismo rango de 50 a 30,000 UMA, y la Coordinación publica su programa anual de inspecciones en el Boletín Oficial.
Ver señalética y seguridadPropiciar o generar condiciones de riesgo, alto riesgo o riesgo inminente es infracción autónoma del artículo 93 fracción X, y la consecuencia práctica no es solo la multa: la Coordinación puede decretar la suspensión de actividades, obras y servicios, y violarla es a su vez otra infracción, la de la fracción XIII.
Ver detección y alarmaEl carril federal corre en paralelo al estatal y no se acredita con el registro del programa. Si tu centro de trabajo es de riesgo alto conforme al Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, los sistemas fijos y la alarma son obligatorios ante la Secretaría del Trabajo aunque la Coordinación Estatal no te los haya pedido.
Ver sistemas contra incendioNo compres contra esta lista sin haber clasificado tu centro de trabajo. Si algo de aquí no te aplica, te lo decimos: el catálogo completo está para lo que sí necesitas, no para llenar una cotización.
Las tarjetas de arriba resuelven Sonora. Si lo que necesitas es el detalle técnico del giro —qué agente extintor sirve y cuál no, qué normas le aplican con su estatus real, qué se le atribuye a una NOM sin estar en ella— esa parte no cambia por entidad y vive en la guía nacional.
Y si prefieres la cifra concreta para tu inmueble en vez de la del giro completo, el autodiagnóstico cruza Sonora con tu giro y tu superficie y te da el número de extintores y de simulacros que te tocan, con el numeral de cada uno.
Todo lo anterior es el carril de protección civil. En paralelo corre el carril laboral federal, que no cambia por estado y que la Secretaría del Trabajo verifica por inspección sorpresa, sin licencia previa. Cumplir con uno no acredita el otro.
La NOM-002-STPS-2010 clasifica tu centro de trabajo en riesgo ordinario o alto, y de ahí cuelga todo: cuántos extintores, si necesitas brigada, cuántos simulacros federales y si te exigen sistemas fijos. Basta superar uno de estos umbrales para ser riesgo alto:
| Concepto | Ordinario | Alto |
|---|---|---|
| Superficie construida | Menor de 3 000 m² | Igual o mayor de 3 000 m² |
| Inventario de gases inflamables | Menor de 3 000 L | Igual o mayor de 3 000 L |
| Inventario de líquidos inflamables | Menor de 1 400 L | Igual o mayor de 1 400 L |
| Inventario de líquidos combustibles | Menor de 2 000 L | Igual o mayor de 2 000 L |
| Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario | Menor de 15 000 kg | Igual o mayor de 15 000 kg |
| Materiales pirofóricos y explosivos | No aplica | Cualquier cantidad |
Los simulacros que exige Sonora y los que exige la NOM-002 no son listas separadas que haya que duplicar, pero tampoco son automáticamente el mismo ejercicio: dependen de que el escenario, el alcance y la evidencia sirvan para ambas autoridades. Lo sensato es diseñar el calendario una sola vez, cubriendo el requisito más exigente de los dos.
Dudas propias de esta entidad. Las generales del cumplimiento contra incendios en México están en el centro de cumplimiento.
Si operas en más de una entidad, revisa cada una: comparten región, no normativa. El padrón de consultores tampoco es nacional, así que un tercero acreditado en Sonora no habilita tu programa en el estado de al lado.
Ninguna de las 8 regiones comparte criterio normativo: es un agrupamiento geográfico, no jurídico. El índice completo de las 32 entidades está en el centro de cumplimiento, con buscador y filtros por consultor obligatorio y por número de simulacros.
Publicamos el enlace para que puedas verificarlo por tu cuenta. Si algo de esta ficha ya no coincide con el texto vigente, te agradecemos el aviso y lo corregimos.
Aviso. Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica. La normativa cambia y muchos requisitos varían por estado y municipio: verifica siempre con la autoridad local antes de tomar decisiones. Esta ficha cubre el marco estatal y el trámite de los municipios que pudimos documentar en fuente oficial. Última revisión normativa de esta ficha: 20 de agosto de 2026.
Saber qué te exige la ley es la mitad. La otra mitad es poder acreditarlo el día de la visita. Estos tres servicios corresponden a las obligaciones que esta página acaba de explicar, y en los tres lo que entregamos es el documento que las respalda.
Es el estudio del que cuelga todo lo demás: cuántos extintores te tocan, si necesitas brigada y si te exigen sistemas fijos. Es también lo primero que pide el inspector, y hacerlo mal se paga dos veces — comprando equipo que no necesitabas y quedando corto en lo que sí.
Un extintor sin etiqueta vigente, sin collarín o sin orden de servicio foliada cuenta como hallazgo aunque el equipo funcione. Entregamos el servicio con la documentación que acredita el cumplimiento, más la prueba hidrostática cuando toca.
Aunque tu riesgo no obligue a brigada formal, el plan de atención a emergencias y el registro de simulacros sí son exigibles. Capacitamos al personal y dejamos la evidencia documentada.