Las obligaciones federales de la NOM-002-STPS-2010 aplican igual en todo el país. Lo que cambia de un estado a otro es el carril de protección civil: quién autoriza tu Programa Interno, cuánto dura, cuántos simulacros te exigen y si necesitas un consultor con registro. Esto es lo que aplica en Coahuila.
Es el único estado con autodeclaratoria anual: aprobado el programa interno, cada año se presenta una autodeclaratoria cuyo visto bueno vale un año, y si se omite se vuelve a empezar. Y es de los pocos con afirmativa ficta: si la autoridad no resuelve en 30 días hábiles, el silencio es positivo (art. 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo estatal). Suma dos obligaciones poco comunes: seguro de responsabilidad civil por daños a terceros (art. 26 fr. V) y constancia de factibilidad en materia de protección civil antes de que el ayuntamiento pueda expedir la licencia de construcción (art. 32).
Cubre el marco estatal y, además, el trámite de 11 municipios documentado en fuente oficial: qué se presenta, ante quién, cuánto cuesta, cuánto dura y qué pide de más cada uno. Es la parte que decide el calendario y el presupuesto, y la que casi nadie publica. Última revisión: 20 de agosto de 2026.
Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Decreto 242, POE 14 de mayo de 2010 · 17 decretos de reforma y una fe de erratas; el último es el Decreto 329, POE 101 del 19 de diciembre de 2025, que introdujo el régimen de elevadores y plataformas de transporte de personas. El texto consolidado del Congreso tiene 39 páginas: varios portales municipales publican todavía la versión cerrada en la reforma del 27 de diciembre de 2019, a la que le faltan nueve decretos.Se reparte por catálogo de giros y por superficie, con 1,500 m² como línea divisoria: la Subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno atiende hoteles y hospedaje por plataformas digitales, escuelas de todos los niveles, centros comerciales, mercados y bodegas, almacenamiento de hidrocarburos, terminales y aeropuertos, guarderías, asilos, hospitales privados, cines, estadios y todo inmueble mayor a 1,500 m² o de afluencia masiva (art. 12 fr. IX); los ayuntamientos atienden lo demás (art. 13 fr. XV). Dos reglas de atracción reclasifican más expedientes de los que la gente cree: si varios locales municipales comparten una misma unidad de construcción o concurren con uno estatal, y si el establecimiento está dentro de un radio de 500 metros de una gasolinera, gasera o depósito de materiales peligrosos, la competencia sube al estado.
Anual, pero lo que se renueva no es el programa. El programa interno se presenta a más tardar 15 días después de iniciar operaciones y lo que vale un año es el visto bueno de la autodeclaratoria de cumplimiento de obligaciones (art. 26 fr. VII). Si se omite presentarla, el art. 26 fr. VI obliga a presentar de nuevo el programa interno completo, con el derecho íntegro: hasta 28,515 pesos si la población afectable pasa de 500 personas.
Dos al año, al menos uno cada seis meses (art. 26 fr. II), informando a la Subsecretaría la fecha y hora. En estancias, guarderías y educación básica y media superior son al menos tres al año, supervisados por la autoridad y con participación de padres de familia.
Municipal e integrado con protección civil en los principales municipios: Saltillo y Torreón operan una Dirección de Protección Civil y Bomberos; en algunas regiones operan patronatos. La ley estatal de protección civil no menciona a los bomberos y no se localizó ley estatal de bomberos.
Sí, y el registro lo expide únicamente la Subsecretaría estatal: ningún municipio puede acreditar consultores para efectos estatales. El registro es obligatorio, vale un año y es lo que habilita a emitir la carta de corresponsabilidad (arts. 35 y 77). Los dictámenes eléctrico, de gas y estructural también deben emitirlos peritos registrados ante ella (art. 27 fr. IX). Sus requisitos siguen remitidos a un reglamento que nunca se expidió.
Las cifras de cada tarjeta ya combinan las dos autoridades: el mínimo de simulacros es el más exigente entre lo que pide la NOM-002 según el riesgo del giro y lo que exige Coahuila. Entra a la guía de tu giro para el detalle de equipo, evacuación y expediente.
La grasa ardiendo no se apaga con polvo
Huéspedes dormidos que no conocen la ruta
Dos clasificaciones de riesgo, no una
La carga de fuego sube con cada tarima
El paciente no evacúa por su propio pie
Dos regímenes distintos bajo el mismo techo escolar
Aforo masivo con salidas que se obstruyen
Riesgo alto siempre, con ignición por estática
Una oficina en piso dos ya requiere rociadores
Cualquier cantidad de pirofórico ya es riesgo alto
La clasificación de riesgo de cada tarjeta es la típica del giro conforme a la Tabla A.1 de la NOM-002-STPS-2010. Tu caso concreto se determina con tu superficie construida y tus inventarios reales: un restaurante de más de 3,000 m² es riesgo alto aunque el giro suela ser ordinario.
En 2 de los 10 giros el piso de simulacros que fija Coahuila supera al de la NOM-002. Ahí el número que manda es el estatal: restaurantes, oficinas.
Todo lo anterior es el marco estatal. El trámite que realmente presentas, lo que cuesta, cada cuánto se renueva y qué te piden de más lo fija el reglamento municipal, y dentro de Coahuila las diferencias son grandes. Esto es lo que pudimos documentar en fuente oficial de cada municipio.
Coahuila reparte competencia por superficie, pero el reparto no libera del cobro municipal. El art. 13 fr. XV inciso f) limita al ayuntamiento a establecimientos de hasta 1,500 m² que no sean competencia del estado, y el art. 12 fr. IX inciso k) da al estado todo lo mayor. Para una nave de 10,000 m² la ventanilla competente es la estatal, y aun así ningún municipio de los diez revisados acredita ni exenta por dictamen estatal previo: Torreón y San Pedro cobran desde 75 m². Encima corre una tercera ventanilla, la contribución de bomberos, que no es un trámite sino una sobretasa que se cobra con el predial y que va del 1 por ciento en Saltillo, Torreón, Matamoros y San Pedro al 10 por ciento en Piedras Negras. Frontera es el único que no la establece en 2026. La dispersión de precios es la mayor del país: la misma nave de 10,000 m² cuesta 1,094 pesos en San Pedro y 79,952 en Ramos Arizpe, 73 veces más, porque Ramos Arizpe es el único que cobra por metro cuadrado y sin tope.
Lo que pide de másDeclarar un aforo menor al real abarata el derecho pero es causa de rechazo y de infracción. Aparte se cobran la inspección solicitada en 9,389 pesos y la constancia de factibilidad en 10,202. El registro de consultores y peritos cuesta 19,529 según la Ley de Hacienda vigente, pero el RETyS cobra 23,934 citando la Ley de Hacienda de 2024: la diferencia de 4,405 pesos carece de fundamento actual y es impugnable.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEl tope es la buena noticia: una nave de 3,001 m² paga exactamente lo mismo que una de 100,000. Con la certificación son 13,995 pesos y ahí se acaba el cobro por tamaño. Cuidado con la ficha del RETyS, que sigue publicando de 853.50 a 10,096 pesos citando una ley anterior. Aparte corre la sobretasa de bomberos del 1 por ciento del predial y otra del 1.5 por ciento para el sistema municipal de protección civil.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el municipio más caro del estado y el único que cobra por metro cuadrado sin tope: una nave de 10,000 m² paga 46,900 pesos sólo de revisión de planos, y con el dictamen de industria de alto riesgo llega a 79,952. Una planta de 50,000 m² pagaría 234,500 sólo por ese concepto. El salto de bajo a alto riesgo es de cuatro veces y el criterio de clasificación no está publicado. El registro en el padrón municipal de prestadores cuesta 6,610 pesos y es el precio de entrada para firmar programas aquí.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEl portal municipal cobra 4,932 pesos por el ingreso a revisión y la ley dice 3,650 más 1,041 del simulacro: 241 pesos sin explicación. Torreón exige registro municipal propio de terceros acreditados y de peritos, 5,208 pesos cada uno, además del estatal. Su Ley de Ingresos 2026 todavía cobra 4,630 pesos por verificar la NOM-002-STPS-2000, norma abrogada desde 2010. Y su reglamento fija multas de 10 a 16,000 UMA mientras la Ley de Ingresos las limita a 300: prevalece la ley del Congreso.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el único de los diez municipios revisados que escalona el programa interno por tamaño de empresa en vez de por superficie, y el único que no establece contribución de bomberos en 2026. El pago es por adelantado: el art. 16 ordena pagar en la Tesorería en el momento en que se solicita el servicio, antes del dictamen. Sí cobra por metro cuadrado de patios y obras exteriores, pero por la vía de obras públicas: 25 por ciento de la tarifa industrial.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEl municipio cobra 2,065 pesos por asesorar sobre el mismo programa interno que después dictamina. La contribución de bomberos es la más agresiva del estado: 10 por ciento del impuesto predial o 31.20 pesos anuales, lo que resulte mayor, diez veces la de Saltillo. En licencia de construcción sí cobra por metro cuadrado de patio de maniobras, 9.27 pesos, aunque por la vía de desarrollo urbano.
Ver la fuente oficialLo que pide de másTarifario simple: no cobra registro de consultores ni de terceros acreditados, a diferencia de Torreón, Matamoros y Ramos Arizpe. La contribución de bomberos es del 5 por ciento del predial, la segunda más alta del estado después de Piedras Negras.
Ver la fuente oficialLo que pide de másCobra 3,284 pesos por el registro de capacitadores externos y 725 por cada inspección extra solicitada por la empresa, así que las visitas adicionales se facturan una por una. La reforma del 10 de julio de 2026 a su Ley de Ingresos tocó bebidas alcohólicas, no protección civil.
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el único de los diez que mezcla cuotas en pesos y cuotas en UMA dentro del mismo artículo, así que parte del tarifario se recalcula cada febrero cuando el INEGI publica el nuevo valor. La contribución de bomberos es del 2 por ciento del predial, el doble que en Saltillo y Torreón.
Ver la fuente oficialLo que pide de másDe los más baratos del estado en el dictamen del programa y de los más caros en el dictamen para permisos de la Sedena, 8,823 pesos. Su contribución de bomberos es la única cobrada por superficie del predio: 40 pesos anuales por cada 1,000 m² o fracción, 400 pesos al año para un predio industrial de 10,000 m².
Ver la fuente oficialLo que pide de másEs el municipio más barato del estado y el único que no publica cuota para el programa interno: cobrarlo sin fundamento en la Ley de Ingresos sería exigible de nulidad. Además su art. 28 funda los derechos de protección civil en la Ley General del Equilibrio Ecológico y en la ley ambiental estatal en vez de en la de protección civil, un defecto de fundamentación aprovechable en defensa. El rango de diez a uno sin criterio publicado es el mayor foco de discrecionalidad del estado.
Ver la fuente oficialLos reglamentos municipales se reforman sin aviso y varios no publican tarifa. Confirma el costo y la vigencia en la ventanilla del municipio donde esté el inmueble antes de presupuestar: lo de aquí sirve para saber qué preguntar, no para dar por hecho.
Estas son las sanciones del carril estatal de protección civil. Corren en paralelo a las de la Secretaría del Trabajo por incumplir la NOM-002-STPS-2010, que son federales y se acumulan: una inspección no excluye a la otra.
Calculado con la UMA vigente de $117.31 diarios (INEGI, comunicado de prensa 1/26, vigente desde el 1 de febrero de 2026). Además de la multa, la autoridad puede imponer:
Dos reglas juegan a favor del sancionado y casi nadie las usa. La primera es el art. 91, que ordena a la Subsecretaría y a las unidades municipales evitar en todo momento la duplicidad de infracciones: es fundamento directo para impugnar una multa municipal por el mismo hecho que ya sancionó el estado. La segunda es el art. 97, que permite sustituir la multa por aportación de bienes en especie, sólo a solicitud del infractor y mediante convenio. La reincidencia exige la misma infracción dentro de seis meses y el duplicado es potestativo, no automático.
Fundamento. Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, art. 96 primer párrafo, reformado por el Decreto 944 del POE 80 del 6 de octubre de 2017, que fue el que desindexó el monto del salario mínimo. El artículo dice literalmente Unidades de Medida y Actualización del Estado de Coahuila de Zaragoza: esa UMA estatal no existe, la UMA es única y nacional y la calcula el INEGI, así que debe leerse como la UMA nacional.
Los requisitos de arriba se traducen en compras concretas. Estos son los renglones que en Coahuila salen de una exigencia local y no solo del mínimo federal, con el fundamento de cada uno. Antes de cotizar conviene tener hecha la clasificación de riesgo de incendio: de ella dependen las cantidades.
El art. 27 apartado A fr. I inciso a) numeral 7 obliga a documentar medidas y equipos de seguridad dentro del subprograma de prevención del programa interno, y el numeral 6 obliga a documentar el mantenimiento preventivo y correctivo. En Torreón la verificación de condiciones de seguridad contra incendios se cobra aparte, 4,630 pesos, así que el expediente de extintores se revisa en una visita facturada.
Ver extintores y extinciónEl art. 33 obliga a vivienda plurifamiliar, conjuntos habitacionales y toda edificación que no sea casa unifamiliar a colocar señalización visible con zonas de seguridad y rutas de evacuación, además del programa interno. Es una de las redacciones más amplias del país y la señalización es lo primero que se verifica en visita.
Ver señalética y seguridadRamos Arizpe cobra 16,526 pesos por el dictamen de revisión del sistema fijo contra incendio como concepto separado del dictamen general (art. 23 fr. IV de su Ley de Ingresos 2026). Es el cobro técnico más alto del estado por un solo concepto y significa que la red de hidrantes o rociadores se revisa como expediente aparte.
Ver sistemas contra incendioEl art. 33 A, incorporado en las reformas recientes, obliga a los hoteles y moteles con cocheras cerradas adjuntas a las habitaciones a instalar detectores de CO, extractores de humo y señalización, y a verificar que los vehículos queden apagados. Es una obligación específica de Coahuila que no aparece en la mayoría de las leyes estatales.
Ver detección y alarmaEl art. 26 fr. I obliga a capacitar al personal en protección civil y primeros auxilios, y exige que quien esté a cargo de proveer primeros auxilios reciba capacitación al menos anual. El art. 27 fr. VIII obliga a conservar la evidencia de las actividades de seguimiento y mejora, así que la entrega del equipo y la capacitación se documentan o no cuentan.
Ver EPP para bomberosNo compres contra esta lista sin haber clasificado tu centro de trabajo. Si algo de aquí no te aplica, te lo decimos: el catálogo completo está para lo que sí necesitas, no para llenar una cotización.
Las tarjetas de arriba resuelven Coahuila. Si lo que necesitas es el detalle técnico del giro —qué agente extintor sirve y cuál no, qué normas le aplican con su estatus real, qué se le atribuye a una NOM sin estar en ella— esa parte no cambia por entidad y vive en la guía nacional.
Y si prefieres la cifra concreta para tu inmueble en vez de la del giro completo, el autodiagnóstico cruza Coahuila con tu giro y tu superficie y te da el número de extintores y de simulacros que te tocan, con el numeral de cada uno.
Todo lo anterior es el carril de protección civil. En paralelo corre el carril laboral federal, que no cambia por estado y que la Secretaría del Trabajo verifica por inspección sorpresa, sin licencia previa. Cumplir con uno no acredita el otro.
La NOM-002-STPS-2010 clasifica tu centro de trabajo en riesgo ordinario o alto, y de ahí cuelga todo: cuántos extintores, si necesitas brigada, cuántos simulacros federales y si te exigen sistemas fijos. Basta superar uno de estos umbrales para ser riesgo alto:
| Concepto | Ordinario | Alto |
|---|---|---|
| Superficie construida | Menor de 3 000 m² | Igual o mayor de 3 000 m² |
| Inventario de gases inflamables | Menor de 3 000 L | Igual o mayor de 3 000 L |
| Inventario de líquidos inflamables | Menor de 1 400 L | Igual o mayor de 1 400 L |
| Inventario de líquidos combustibles | Menor de 2 000 L | Igual o mayor de 2 000 L |
| Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario | Menor de 15 000 kg | Igual o mayor de 15 000 kg |
| Materiales pirofóricos y explosivos | No aplica | Cualquier cantidad |
Los simulacros que exige Coahuila y los que exige la NOM-002 no son listas separadas que haya que duplicar, pero tampoco son automáticamente el mismo ejercicio: dependen de que el escenario, el alcance y la evidencia sirvan para ambas autoridades. Lo sensato es diseñar el calendario una sola vez, cubriendo el requisito más exigente de los dos.
Dudas propias de esta entidad. Las generales del cumplimiento contra incendios en México están en el centro de cumplimiento.
Si operas en más de una entidad, revisa cada una: comparten región, no normativa. El padrón de consultores tampoco es nacional, así que un tercero acreditado en Coahuila no habilita tu programa en el estado de al lado.
Ninguna de las 8 regiones comparte criterio normativo: es un agrupamiento geográfico, no jurídico. El índice completo de las 32 entidades está en el centro de cumplimiento, con buscador y filtros por consultor obligatorio y por número de simulacros.
Publicamos el enlace para que puedas verificarlo por tu cuenta. Si algo de esta ficha ya no coincide con el texto vigente, te agradecemos el aviso y lo corregimos.
Aviso. Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica. La normativa cambia y muchos requisitos varían por estado y municipio: verifica siempre con la autoridad local antes de tomar decisiones. Esta ficha cubre el marco estatal y el trámite de los municipios que pudimos documentar en fuente oficial. Última revisión normativa de esta ficha: 20 de agosto de 2026.
Saber qué te exige la ley es la mitad. La otra mitad es poder acreditarlo el día de la visita. Estos tres servicios corresponden a las obligaciones que esta página acaba de explicar, y en los tres lo que entregamos es el documento que las respalda.
Es el estudio del que cuelga todo lo demás: cuántos extintores te tocan, si necesitas brigada y si te exigen sistemas fijos. Es también lo primero que pide el inspector, y hacerlo mal se paga dos veces — comprando equipo que no necesitabas y quedando corto en lo que sí.
Un extintor sin etiqueta vigente, sin collarín o sin orden de servicio foliada cuenta como hallazgo aunque el equipo funcione. Entregamos el servicio con la documentación que acredita el cumplimiento, más la prueba hidrostática cuando toca.
Aunque tu riesgo no obligue a brigada formal, el plan de atención a emergencias y el registro de simulacros sí son exigibles. Capacitamos al personal y dejamos la evidencia documentada.