Las obligaciones federales de la NOM-002-STPS-2010 aplican igual en todo el país. Lo que cambia de un estado a otro es el carril de protección civil: quién autoriza tu Programa Interno, cuánto dura, cuántos simulacros te exigen y si necesitas un consultor con registro. Esto es lo que aplica en San Luis Potosí.
Es de los pocos estados sin contradicciones internas detectadas entre sus propios artículos: la vigencia anual del PIPC se repite igual en tres artículos del Reglamento y coincide con el reglamento municipal de Soledad. Donde sí hay una particularidad real es en Soledad de Graciano Sánchez, que exige simulacros internos mensuales documentados en minutas además del simulacro anual supervisado, un régimen más estricto que el piso estatal de dos al año. También tiene arresto administrativo expreso, hasta 36 horas, tanto en la ley estatal (art. 67 fracción V) como en el reglamento de Soledad (art. 299). Un hueco declarado: Villa de Reyes, sede de la planta armadora más grande del corredor industrial potosino, no tiene reglamento ni Ley de Ingresos 2026 localizables en fuente oficial pese a búsqueda exhaustiva, así que esta ficha no publica cifras de ese municipio en vez de extrapolarlas de la capital.
Cubre el marco estatal y, además, el trámite de 2 municipios documentado en fuente oficial: qué se presenta, ante quién, cuánto cuesta, cuánto dura y qué pide de más cada uno. Es la parte que decide el calendario y el presupuesto, y la que casi nadie publica. Última revisión: 21 de agosto de 2026.
Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí
Decreto 176, LX Legislatura, publicada en Edición Extraordinaria del Periódico Oficial el 6 de julio de 2013; abrogó la Ley de Protección Civil del Estado de 1998 (Transitorio Segundo). Última reforma: Periódico Oficial "Plan de San Luis" del 5 de julio de 2024. El pie del propio documento remite a www.congresoslp.gob.mx, pero la copia verificada artículo por artículo para esta ficha se obtuvo de un espejo de compilación jurídica (Justia México), no del portal del Congreso directamente.Repartida entre dos niveles con roles distintos, no en competencia. El art. 33 hace a la Coordinación Municipal responsable de “elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en materia de protección civil dentro de su jurisdicción”, así que la empresa privada tramita en el municipio. Pero el registro formal es estatal: el art. 30 del Reglamento exige que todos los programas se presenten ante la Coordinación Estatal “con la finalidad de ser revisados, evaluados, autorizados e inscritos en el registro único”. En la práctica es un trámite en dos tiempos, municipal primero y con inscripción estatal después, aunque ningún artículo lo describe así de explícito como un flujo secuencial.
Anual, y de forma consistente en las tres fuentes que lo mencionan: el art. 30 del Reglamento dice que el registro del programa ante la Coordinación Estatal tiene “vigencia... anual”; el art. 32 fracción IX repite que el PIPC “tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado y revisado, al menos, con una periodicidad no superior a dos años”; y el art. 41 exige que el registro “deberá refrendarse anualmente”, aclarando que las modificaciones al programa, a diferencia del refrendo, se notifican de inmediato y no esperan al ciclo anual. El Reglamento municipal de Soledad de Graciano Sánchez coincide en su art. 150: el PIPC se renueva cada año.
Al menos dos veces al año conforme al art. 32 fracción V del Reglamento estatal, con la periodicidad exacta fijada por el propio programa según sus hipótesis de riesgo. Hay un aviso distinto para el simulacro de evaluación previo a la autorización inicial, no para los periódicos: el art. 31 permite a la Coordinación Estatal programarlo con un máximo de tres días de aviso por escrito. Soledad de Graciano Sánchez va más allá del piso estatal: su art. 147 exige un simulacro anual supervisado por la Unidad Municipal, más simulacros internos mensuales documentados en minutas, es decir doce ejercicios internos al año además del formal.
Municipal, sin Ley de Bomberos estatal separada. La Ley del Sistema de Protección Civil trata a los cuerpos de bomberos como un tipo de “grupo voluntario” (arts. 49 a 51), con registro ante la Coordinación Estatal que debe renovarse anualmente durante el mes de enero (art. 51 fracc. I). Notas periodísticas de 2025 documentan iniciativas legislativas para que los municipios aporten presupuesto a sus cuerpos de bomberos, lo que confirma que no existe hoy una ley estatal de bomberos autónoma con financiamiento propio.
Sí. El art. 52 exige que las personas, dependencias públicas o empresas que ejerzan asesoría, capacitación, evaluación o elaboración de programas internos de protección civil cuenten con registro de “agente consultor capacitador” expedido por la Coordinación Estatal, registro que habilita emitir la carta de corresponsabilidad. El art. 52 Bis prohíbe registrarse a servidores públicos de los consejos de protección civil y a sus familiares directos, por conflicto de interés, y el art. 52 Quater obliga a la Coordinación Estatal a publicar la lista de consultores registrados en el Periódico Oficial. No se localizó en la ley un plazo de renovación periódica de ese registro, a diferencia de otros estados.
Las cifras de cada tarjeta ya combinan las dos autoridades: el mínimo de simulacros es el más exigente entre lo que pide la NOM-002 según el riesgo del giro y lo que exige San Luis Potosí. Entra a la guía de tu giro para el detalle de equipo, evacuación y expediente.
La grasa ardiendo no se apaga con polvo
Huéspedes dormidos que no conocen la ruta
Dos clasificaciones de riesgo, no una
La carga de fuego sube con cada tarima
El paciente no evacúa por su propio pie
Dos regímenes distintos bajo el mismo techo escolar
Aforo masivo con salidas que se obstruyen
Riesgo alto siempre, con ignición por estática
Una oficina en piso dos ya requiere rociadores
Cualquier cantidad de pirofórico ya es riesgo alto
La clasificación de riesgo de cada tarjeta es la típica del giro conforme a la Tabla A.1 de la NOM-002-STPS-2010. Tu caso concreto se determina con tu superficie construida y tus inventarios reales: un restaurante de más de 3,000 m² es riesgo alto aunque el giro suela ser ordinario.
En 2 de los 10 giros el piso de simulacros que fija San Luis Potosí supera al de la NOM-002. Ahí el número que manda es el estatal: restaurantes, oficinas.
Todo lo anterior es el marco estatal. El trámite que realmente presentas, lo que cuesta, cada cuánto se renueva y qué te piden de más lo fija el reglamento municipal, y dentro de San Luis Potosí las diferencias son grandes. Esto es lo que pudimos documentar en fuente oficial de cada municipio.
Esta ficha publica solo dos municipios, no tres, por una decisión deliberada: Villa de Reyes, sede de la planta armadora más grande del corredor industrial potosino, no tiene reglamento de protección civil íntegro ni Ley de Ingresos 2026 localizables en ninguna fuente oficial pese a búsqueda exhaustiva. Extrapolar sus tarifas desde la capital o desde Soledad habría sido inventar un dato con apariencia de verificado, así que se omite en vez de adivinar. Entre los dos municipios sí documentados, San Luis Potosí capital cobra por metros cuadrados de construcción, con un techo de solo 40 UMA para naves de más de 10,000 m², de los más bajos entre los estados revisados; Soledad no publica costo alguno para el PIPC, aunque sí es más estricta en la frecuencia de simulacros. Las multas municipales de la capital solo están confirmadas por referencia cruzada en su Ley de Ingresos, no por lectura directa del reglamento, porque su versión íntegra vigente tampoco se localizó en fuente oficial.
Lo que pide de másLa constancia de simulacros cuesta 10 veces UMA ($1,173) y el registro anual de asesor externo o agente capacitador, de 71 a 73 veces UMA ($8,329-$8,564) según sea persona física o moral. Las multas por incumplir protección civil remiten al Reglamento de Protección Civil municipal, art. 295 fracción IV: de 20 a 1,000 UMA según m², con reincidencia hasta 2,000 UMA. Esa cifra está confirmada por referencia cruzada en la propia Ley de Ingresos 2026, pero no se pudo leer el texto directo del art. 295 en el Reglamento, cuya versión íntegra vigente no se localizó en fuente oficial.
Ver la fuente oficialLo que pide de másVa más allá del piso estatal de dos simulacros al año: exige uno anual supervisado por la Unidad Municipal más simulacros internos mensuales documentados en minutas, doce ejercicios internos adicionales (art. 147). Sus sanciones propias (art. 299) son multa de 10 a 1,000 UMA, reincidencia hasta 2,000 UMA con clausura definitiva, y arresto administrativo hasta 36 horas, con 30 días hábiles para pagar la multa antes de que se determine como crédito fiscal (art. 297). El dictamen de riesgo por ubicación, un trámite distinto al PIPC, tiene vigencia de 1 año (art. 262).
Ver la fuente oficialLos reglamentos municipales se reforman sin aviso y varios no publican tarifa. Confirma el costo y la vigencia en la ventanilla del municipio donde esté el inmueble antes de presupuestar: lo de aquí sirve para saber qué preguntar, no para dar por hecho.
Estas son las sanciones del carril estatal de protección civil. Corren en paralelo a las de la Secretaría del Trabajo por incumplir la NOM-002-STPS-2010, que son federales y se acumulan: una inspección no excluye a la otra.
Calculado con la UMA vigente de $117.31 diarios (INEGI, comunicado de prensa 1/26, vigente desde el 1 de febrero de 2026). Además de la multa, la autoridad puede imponer:
A diferencia de otros estados, la ley de San Luis Potosí no fija un multiplicador de multa para la reincidencia: el párrafo final del art. 67 dice que reincidir "será motivo suficiente para la clausura definitiva del establecimiento", así que la consecuencia es operativa, no un monto mayor. Donde sí hay una cifra de reincidencia es en el reglamento municipal de Soledad de Graciano Sánchez (art. 299 fracc. IV): hasta 2,000 UMA además de la clausura definitiva, pero es un dato municipal, no estatal, y no debe generalizarse al resto del estado.
Fundamento. Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, art. 67, con la fracción III de multas reformada en el Periódico Oficial del 16 de diciembre de 2022.
Los requisitos de arriba se traducen en compras concretas. Estos son los renglones que en San Luis Potosí salen de una exigencia local y no solo del mínimo federal, con el fundamento de cada uno. Antes de cotizar conviene tener hecha la clasificación de riesgo de incendio: de ella dependen las cantidades.
No compres contra esta lista sin haber clasificado tu centro de trabajo. Si algo de aquí no te aplica, te lo decimos: el catálogo completo está para lo que sí necesitas, no para llenar una cotización.
Las tarjetas de arriba resuelven San Luis Potosí. Si lo que necesitas es el detalle técnico del giro —qué agente extintor sirve y cuál no, qué normas le aplican con su estatus real, qué se le atribuye a una NOM sin estar en ella— esa parte no cambia por entidad y vive en la guía nacional.
Y si prefieres la cifra concreta para tu inmueble en vez de la del giro completo, el autodiagnóstico cruza San Luis Potosí con tu giro y tu superficie y te da el número de extintores y de simulacros que te tocan, con el numeral de cada uno.
Todo lo anterior es el carril de protección civil. En paralelo corre el carril laboral federal, que no cambia por estado y que la Secretaría del Trabajo verifica por inspección sorpresa, sin licencia previa. Cumplir con uno no acredita el otro.
La NOM-002-STPS-2010 clasifica tu centro de trabajo en riesgo ordinario o alto, y de ahí cuelga todo: cuántos extintores, si necesitas brigada, cuántos simulacros federales y si te exigen sistemas fijos. Basta superar uno de estos umbrales para ser riesgo alto:
| Concepto | Ordinario | Alto |
|---|---|---|
| Superficie construida | Menor de 3 000 m² | Igual o mayor de 3 000 m² |
| Inventario de gases inflamables | Menor de 3 000 L | Igual o mayor de 3 000 L |
| Inventario de líquidos inflamables | Menor de 1 400 L | Igual o mayor de 1 400 L |
| Inventario de líquidos combustibles | Menor de 2 000 L | Igual o mayor de 2 000 L |
| Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario | Menor de 15 000 kg | Igual o mayor de 15 000 kg |
| Materiales pirofóricos y explosivos | No aplica | Cualquier cantidad |
Los simulacros que exige San Luis Potosí y los que exige la NOM-002 no son listas separadas que haya que duplicar, pero tampoco son automáticamente el mismo ejercicio: dependen de que el escenario, el alcance y la evidencia sirvan para ambas autoridades. Lo sensato es diseñar el calendario una sola vez, cubriendo el requisito más exigente de los dos.
Dudas propias de esta entidad. Las generales del cumplimiento contra incendios en México están en el centro de cumplimiento.
Si operas en más de una entidad, revisa cada una: comparten región, no normativa. El padrón de consultores tampoco es nacional, así que un tercero acreditado en San Luis Potosí no habilita tu programa en el estado de al lado.
Ninguna de las 8 regiones comparte criterio normativo: es un agrupamiento geográfico, no jurídico. El índice completo de las 32 entidades está en el centro de cumplimiento, con buscador y filtros por consultor obligatorio y por número de simulacros.
Publicamos el enlace para que puedas verificarlo por tu cuenta. Si algo de esta ficha ya no coincide con el texto vigente, te agradecemos el aviso y lo corregimos.
Aviso. Este contenido es informativo y no constituye asesoría jurídica. La normativa cambia y muchos requisitos varían por estado y municipio: verifica siempre con la autoridad local antes de tomar decisiones. Esta ficha cubre el marco estatal y el trámite de los municipios que pudimos documentar en fuente oficial. Última revisión normativa de esta ficha: 21 de agosto de 2026.
Saber qué te exige la ley es la mitad. La otra mitad es poder acreditarlo el día de la visita. Estos tres servicios corresponden a las obligaciones que esta página acaba de explicar, y en los tres lo que entregamos es el documento que las respalda.
Es el estudio del que cuelga todo lo demás: cuántos extintores te tocan, si necesitas brigada y si te exigen sistemas fijos. Es también lo primero que pide el inspector, y hacerlo mal se paga dos veces — comprando equipo que no necesitabas y quedando corto en lo que sí.
Un extintor sin etiqueta vigente, sin collarín o sin orden de servicio foliada cuenta como hallazgo aunque el equipo funcione. Entregamos el servicio con la documentación que acredita el cumplimiento, más la prueba hidrostática cuando toca.
Aunque tu riesgo no obligue a brigada formal, el plan de atención a emergencias y el registro de simulacros sí son exigibles. Capacitamos al personal y dejamos la evidencia documentada.